ESG después del Ómnibus: menos reporting, más gestión

El pasado 28 de agosto, EFRAG publicó el borrador de la nueva lista de datapoints correspondiente a los ESRS revisados. Más allá de su carácter técnico, la publicación permite visualizar de forma muy concreta la magnitud del proceso de simplificación del reporting europeo de sostenibilidad.

Los ESRS revisados por la Comisión Europea reducen en más de un 60 % los datapoints obligatorios y en más de un 70 % el número total de datapoints contemplados en los estándares. La propia Comisión estima, además, que los cambios pueden reducir en más de un 30 % los costes de reporting por empresa.

La reducción es suficientemente significativa como para que la cuestión relevante ya no sea discutir si Europa está simplificando su regulación de sostenibilidad. Lo está haciendo, y de manera sustancial.

La pregunta interesante es qué ocurre después.

Porque eliminar una obligación de información no elimina necesariamente la necesidad de conocer aquello sobre lo que se informaba. Una empresa puede dejar de estar obligada a publicar determinados datos sobre riesgos climáticos, consumo energético, cadena de suministro, capital humano o transición, pero esos factores pueden seguir afectando exactamente igual a sus costes, sus activos, su financiación, su aseguramiento o sus decisiones de inversión.

Es aquí donde, a mi juicio, comienza una nueva etapa del ESG europeo.

Durante los últimos años, buena parte del esfuerzo de las empresas se ha concentrado en responder a una pregunta esencialmente regulatoria: ¿qué tenemos que reportar? La simplificación obliga ahora a plantearse una pregunta bastante más exigente: ¿qué información necesitamos realmente para gestionar el negocio y tomar decisiones?

La diferencia entre ambas preguntas puede parecer pequeña. No lo es.

Simplificar sí, pero ¿hasta dónde?

Existe un consenso bastante amplio sobre la necesidad de reducir duplicidades, aclarar conceptos y evitar que el reporting de sostenibilidad se convierta en un ejercicio desproporcionadamente complejo y costoso.

ESMA, el supervisor europeo de los mercados de valores, ha respaldado expresamente el objetivo de mejorar la competitividad y el crecimiento mediante la simplificación y la reducción de cargas. Pero introduce al mismo tiempo un matiz importante: considera que determinados aspectos de los ESRS revisados deberían ajustarse para garantizar adecuadamente la protección de los inversores y la estabilidad financiera.

No se trata, por tanto, de una discusión entre quienes quieren simplificar y quienes quieren conservar toda la regulación anterior.

El debate es bastante más interesante.

Reducir información que no aporta valor es positivo. Perder información necesaria para comprender los riesgos y oportunidades de una empresa puede no serlo.

Porque una cosa es reducir el coste de generar información y otra distinta reducir la información que el mercado necesita para tomar decisiones.

La reacción de los inversores ofrece una pista

Un estudio publicado en agosto en European Accounting Review analiza cómo reaccionaron las cotizaciones de empresas europeas ante distintos hitos relacionados con el desarrollo y posterior debilitamiento de los ESRS.

Los autores encuentran, en promedio, una reacción positiva y estadísticamente significativa ante los avances hacia la estandarización, especialmente en empresas cuya información de sostenibilidad era previamente de menor calidad o menos comparable. En sentido contrario, los acontecimientos asociados al retraso o debilitamiento de los ESRS muestran una reacción media negativa.

Los resultados deben interpretarse con cautela: no demuestran que más reporting genere automáticamente más valor ni que los inversores prefieran una mayor regulación. Pero sí son consistentes con una idea relevante para el debate actual: el mercado parece valorar la calidad, la comparabilidad y la estandarización de la información de sostenibilidad cuando estas mejoran la capacidad de tomar decisiones.

Y esto cambia bastante la naturaleza de la discusión.

El valor no está en el número de datapoints

Tal vez durante los primeros años de desarrollo regulatorio europeo se produjo una cierta identificación entre madurez ESG y capacidad de reporting.

Las organizaciones dedicaron enormes esfuerzos a construir inventarios de indicadores, localizar información, definir metodologías y responder a estándares cada vez más detallados. Era necesario crear un lenguaje común y alcanzar unos niveles mínimos de transparencia y comparabilidad.

Pero también existía el riesgo de que el cumplimiento terminara convirtiéndose en un objetivo en sí mismo.

La reducción de datapoints puede ser una oportunidad para romper esa dinámica.

Porque el valor de la información ESG difícilmente puede medirse por el número de indicadores producidos. Se mide por su capacidad para ayudar a comprender riesgos, anticipar cambios, comparar compañías y tomar mejores decisiones.

La consecuencia es importante.

Las empresas que habían concebido ESG fundamentalmente como una obligación de reporting probablemente reducirán sus esfuerzos a medida que disminuya la exigencia regulatoria.

Las que hayan integrado realmente los factores ambientales, sociales y de gobernanza dentro de la gestión tendrán que hacerse otra pregunta: ¿qué información seguimos necesitando aunque ya no sea obligatorio reportarla?

Porque el riesgo climático no desaparece cuando desaparece un datapoint.

Tampoco desaparecen la vulnerabilidad de una cadena de suministro, la dependencia de determinados recursos naturales, el impacto del coste energético, los problemas asociados al capital humano, los riesgos regulatorios o reputacionales ni la necesidad de adaptar determinados modelos de negocio.

La regulación puede modificar la obligación de informar. No puede modificar la realidad económica del riesgo.

El mercado seguirá pidiendo información

Existe además otra razón por la que sería un error equiparar menos regulación con menos información ESG.

Las empresas no generan información exclusivamente para el regulador. La necesitan también bancos, aseguradoras, inversores, gestores de activos, grandes clientes y otros participantes de sus cadenas de valor.

La propia arquitectura europea reconoce esta realidad al contemplar un estándar voluntario y proporcionado para empresas que quedan fuera del ámbito obligatorio de la CSRD, facilitando que puedan responder a determinadas solicitudes de información de sostenibilidad procedentes de grandes empresas e instituciones financieras.

Una empresa puede dejar de estar obligada a elaborar un estado de sostenibilidad conforme a los ESRS y, sin embargo, su banco puede seguir necesitando información sobre emisiones, eficiencia energética o exposición climática para valorar determinados riesgos.

Una aseguradora puede necesitar conocer la vulnerabilidad física de determinados activos. Un gestor de activos puede requerir información de sostenibilidad para evaluar una inversión. Y una gran compañía puede seguir necesitando determinados datos de sus proveedores para gestionar los riesgos de su cadena de valor.

Por tanto, la reducción del reporting regulatorio no implica necesariamente una reducción equivalente de la demanda económica de información ESG.

Probablemente cambie su naturaleza: menos información indiscriminada y más información vinculada a decisiones concretas.

Del reporting a la gestión

Este puede ser, en realidad, el verdadero cambio que está provocando el Ómnibus.

La primera etapa del ESG europeo estuvo necesariamente dominada por la construcción del marco regulatorio. Durante años hablamos de Taxonomía, CSRD, ESRS, SFDR, diligencia debida, planes de transición, indicadores y obligaciones de divulgación.

Era necesario construir reglas, metodologías y lenguajes comunes.

Pero quizá la siguiente etapa sea distinta.

El reto ya no consistirá tanto en producir información como en utilizarla.

Convertir determinados factores de sostenibilidad en variables capaces de influir realmente en decisiones de inversión, financiación, aseguramiento, gestión de riesgos, estrategia y asignación de capital.

Desde esta perspectiva, el Ómnibus no tendría por qué significar menos ESG.

Puede significar menos ESG formalista y más ESG material.

Cuando una información deja de generarse simplemente porque un estándar obliga a publicarla, debe existir una razón empresarial para continuar produciéndola.

Y esa razón puede ser muy concreta: medir una exposición física al cambio climático, conocer la vulnerabilidad de una cadena de suministro, anticipar un cambio regulatorio, valorar correctamente un activo, establecer condiciones de financiación, determinar una prima de seguro o evaluar si un determinado modelo de negocio está preparado para distintos escenarios de transición.

En todos esos casos, ESG deja de ser fundamentalmente un problema de reporting y empieza a ser una cuestión de gestión.

Una nueva etapa para el ESG

La simplificación europea parece razonable y probablemente era necesaria. Un sistema en el que el esfuerzo requerido para producir determinados datos supera sistemáticamente el valor que esos datos proporcionan difícilmente puede considerarse eficiente.

Pero existe también el riesgo contrario: confundir la reducción de obligaciones regulatorias con una reducción de la relevancia económica de los factores de sostenibilidad.

El reto para empresas, reguladores e inversores será encontrar el equilibrio entre ambos extremos: eliminar información que aporta poco valor sin perder aquella que permite conocer riesgos y oportunidades relevantes para la toma de decisiones.

Quizá por eso la publicación de la nueva lista de datapoints de EFRAG sea algo más que una actualización técnica.

Hace visible el final de una etapa en la que buena parte del debate ESG estuvo dominado por una pregunta:

“¿Qué tengo obligación de reportar?”

La cuestión que empieza ahora es bastante más importante:

“¿Qué información necesito para entender cómo los factores de sostenibilidad pueden afectar a mi negocio y qué información necesitan quienes toman decisiones sobre él?”

Si las empresas son capaces de responder adecuadamente a esta segunda pregunta, la simplificación regulatoria podría tener un efecto paradójicamente positivo: obligarnos a distinguir definitivamente entre el ESG que existía porque había que reportarlo y el ESG que existe porque resulta necesario para gestionar.

Ese puede ser el verdadero paso del ESG entendido como cumplimiento al ESG entendido como gestión.

Artículo publicado originalmente en Expansión: ESG después del Ómnibus: menos reporting, más gestión | Economía sostenible