En este artículo, Cristian Ramírez, Partner Mexico, aborda cómo pequeños errores metodológicos pueden comprometer investigaciones complejas y poner en riesgo procedimientos legales completos.
Cuando se inicia una investigación interna, conviene tener presente desde el primer momento que los hechos analizados pueden terminar formando parte de un procedimiento penal, laboral, civil, mercantil o de otra naturaleza. Por eso, no basta con averiguar qué ocurrió, sino que también es importante poner atención a cómo se obtiene la evidencia e información, cómo se conserva y cómo se documenta.
A lo largo de mi experiencia he observado que, en muchos casos, una investigación puede estar bien planteada desde el punto de vista de confirmar o descartar hechos, pero perder fuerza porque las pruebas no se obtuvieron o conservaron correctamente.
Entre los medios de prueba que pueden resultar relevantes se encuentran los documentos, los testimonios, los dictámenes periciales, las declaraciones y la evidencia obtenida mediante herramientas tecnológicas. Sin embargo, cuando estos elementos no reúnen determinadas condiciones, pueden perder credibilidad, ser cuestionados o incluso quedar fuera de un procedimiento, dependiendo de cada caso.
Sin pretender considerar todos los posibles supuestos, comparto algunas de las situaciones que con mayor frecuencia pueden comprometer el valor de una prueba.
La obtención ilícita de la prueba
Uno de los errores más graves es obtener una prueba mediante procedimientos ilícitos o sin contar con la autorización necesaria.
Puede ocurrir, por ejemplo, cuando se accede sin permiso a dispositivos, sistemas, cuentas, documentos o comunicaciones, o cuando se vulneran derechos de privacidad.
En estos casos, la prueba puede ser impugnada y, dependiendo de la normativa aplicable y del tipo de procedimiento, puede perder su valor o ser excluida.
Por ello, antes de acceder a correos electrónicos, dispositivos, sistemas corporativos o cualquier otra fuente de información, es fundamental comprobar que existe una base legítima para realizarlo y que la actuación se ejecuta conforme a un procedimiento definido.
La cadena de custodia
Otra de las situaciones que he observado con frecuencia es la falta de documentación o la ruptura de la cadena de custodia.
La cadena de custodia permite conocer quién obtuvo una evidencia, cuándo se obtuvo, cómo fue conservada, quién tuvo acceso a ella y qué actuaciones se realizaron durante su análisis.
Problemas aparentemente sencillos, como un sello roto, una evidencia extraviada, un embalaje incorrecto o la ausencia de un registro de entrega, pueden generar dudas sobre la integridad de la prueba.
Lo mismo ocurre cuando no se identifica a las personas que tuvieron acceso a la información o cuando se modifica el archivo original durante su revisión.
Estas deficiencias no implican necesariamente que una prueba sea ilícita, pero sí pueden afectar su credibilidad y a la forma en la que será valorada posteriormente.
La evidencia digital
En la actualidad, buena parte de la información relevante para una investigación se encuentra en correos electrónicos, teléfonos móviles, aplicaciones de mensajería, ordenadores, servidores o plataformas digitales.
Sin embargo, en muchas ocasiones esta evidencia no se conserva correctamente desde el inicio, bien por desconocimiento, falta de experiencia o porque en ese momento no se considera relevante.
Entre los errores más habituales se encuentran no conservar los metadatos, no realizar copias forenses, no documentar cómo se obtuvo la información o no preservar el archivo original.
También es frecuente que no se acredite la integridad de la información o que se modifique involuntariamente durante su consulta o análisis.
En este tipo de pruebas no basta con presentar un correo, una conversación, una imagen o un archivo. También puede ser necesario demostrar su origen, cómo fue obtenida, cómo se conservó y si ha sufrido alguna modificación.
Las deficiencias en los testimonios
Los testimonios pueden ser muy útiles para aclarar los hechos, pero también pueden perder credibilidad cuando existen contradicciones importantes o cambios en la versión ofrecida.
La falta de precisión sobre fechas, personas o acontecimientos, el interés personal en el resultado del caso o una entrevista mal documentada pueden debilitar el valor de una declaración.
Por ello, las entrevistas deben prepararse y documentarse con cuidado, aplicando una metodología clara y respetando las obligaciones legales y de confidencialidad que correspondan.
Siempre que sea posible, conviene además contrastar los testimonios con documentos, registros u otras evidencias.
Los errores en los peritajes
Los dictámenes periciales deben ser elaborados por profesionales que cuenten con la experiencia, los conocimientos técnicos y la independencia necesarios.
Un peritaje puede perder fuerza cuando el experto no tiene la especialización adecuada, utiliza metodologías que no explica suficientemente, presenta un posible conflicto de interés o alcanza conclusiones que no están respaldadas por los hechos.
También pueden producirse errores durante la obtención, el tratamiento o la interpretación de la información.
Un buen informe pericial debe explicar con claridad qué se analizó, qué metodología se utilizó, qué procedimientos se llevaron a cabo y cómo se alcanzaron las conclusiones.
La alteración de documentos o archivos
La modificación de documentos, fotografías, vídeos, audios o archivos electrónicos puede comprometer seriamente una investigación.
Esto puede suceder cuando se editan imágenes o vídeos sin conservar el original, se modifican documentos después de su obtención, se eliminan mensajes o correos electrónicos o se presentan conversaciones de forma parcial y sin su contexto completo.
Siempre que sea posible, deben conservarse los archivos originales y dejar constancia de cualquier actuación realizada sobre ellos.
Trabajar sobre copias y mantener un registro claro de las modificaciones ayuda a preservar la integridad de la evidencia.
La estrategia debe plantearse desde el inicio
Los ejemplos anteriores representan solo algunas de las situaciones que pueden afectar a una investigación y a la valoración posterior de una prueba.
En casos relacionados con fraude, sobornos, conflictos de interés, incumplimientos internos o disputas entre las partes, no basta con determinar qué ocurrió.
También es necesario procurar que las evidencias se obtengan de forma lícita, se conserven correctamente y puedan ser explicadas y defendidas ante una autoridad, un juez o un árbitro.
Por ello, la estrategia probatoria debe plantearse desde el inicio de la investigación.
Esto implica identificar las fuentes de información, los posibles riesgos legales y técnicos, los procedimientos de obtención y conservación y, cuando sea necesario, contar con el apoyo de especialistas jurídicos, forenses o tecnológicos.
Una investigación bien planificada no solo ayuda a esclarecer los hechos, también reduce el riesgo de que una prueba pierda valor por un error que podría haberse evitado desde el principio.
Autor: Cristian Ramírez
Partner Mexico
